El Gobierno defiende decreto electoral: "Busca preservar la voluntad del elector"
El Fiscal de Estado, Horacio Ortega, ratificó la legalidad del Decreto 1260, que regula la conformación de alianzas para las elecciones del 31 de agosto.
Ante las cámaras y micrófonos de la prensa, el Fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega, brindó una contundente defensa del Decreto 1260, la normativa que establece la modalidad para la conformación de alianzas políticas de cara a las elecciones del 31 de agosto. Cuestionado por un grupo de partidos de la oposición a través de una presentación cautelar, Ortega dejó en claro la postura del Gobierno Provincial: para él, la impugnación de la oposición es netamente "política", mientras que la respuesta del Ejecutivo es "técnica", orientada a un objetivo fundamental: "preservar la voluntad del elector".
Durante el contacto con los medios, Ortega explicó que la Fiscalía ya ha respondido al requerimiento judicial, argumentando que el Decreto se enmarca en las facultades reglamentarias del gobernador Gustavo Valdés. “Acá no se modifica todo el ámbito electoral, sino que simplemente se regula el artículo 162 del Código Electoral Provincial. Una cosa que tiene que ver justamente con la forma de adhesión en que se van a llevar a cabo las boletas en las distintas categorías de gobernador y municipio”, precisó el funcionario.
Claridad en el Voto: El Eje de la Regulación
Ortega subrayó que esta reglamentación sigue la línea de jurisprudencia previa y que su propósito central es "proteger la voluntad del elector, que es el actor principal en las elecciones". Insistió en que "no existen mezquindades políticas" en esta decisión, sino que se trata de una "cuestión netamente técnica en la cual lo que se preserva es darle claridad al elector para que pueda expresar claramente la voluntad en el comicio”.
El Fiscal de Estado remarcó que el gobernador tiene la facultad reglamentaria para dictar este tipo de decretos sin un plazo o tiempo específico, y que la medida no es extemporánea ni altera plazos legales ya establecidos. "La decisión era una necesidad que teníamos para poder aclarar al electorado la forma en la cual se van a adherir las boletas”, afirmó. Además, desestimó cualquier acusación de perjuicio a la libre competencia de los partidos o de injerencia en su vida interna o en la formulación de alianzas. “Solamente lo que estamos evitando es de que haya una multiplicidad de formas que terminen confundiendo al electorado”, enfatizó Ortega.
Sin Vicios y Respetando la Ley
Ortega aseguró que la presentación de la oposición ya fue contestada legalmente, y que el Gobierno Provincial sostiene que el Decreto no posee ningún vicio formal, no es extemporáneo y no modifica las reglas electorales, afectando "solamente un artículo". Reiteró que "no hay ningún plazo que haya transcurrido, que se haya cambiado o que esté pendiente de alguna resolución”.
Para la Fiscalía de Estado, el Decreto no solo es oportuno y adecuado, sino que también preserva la voluntad del elector. Subrayó que los municipios que deseen adherir a la fórmula de gobernador deberán hacerlo siguiendo las pautas de la reglamentación, las cuales "no son ajenas a lo que establece el espíritu del Código Electoral Provincial”.
El Fiscal argumentó que el Decreto posee la fundamentación necesaria y se enmarca en las cuestiones relativas al mérito, la oportunidad y la conveniencia, que la Corte Suprema de Justicia ha declarado como propias del Poder Ejecutivo y no judicializables. Según Ortega, el gobernador Valdés plasma en el Decreto lo que la jurisprudencia ya venía estableciendo: ordenar la forma de adhesión de las boletas en beneficio exclusivo del elector.
Finalmente, Ortega confirmó que "no hay ningún acto jurídico que esté pendiente de una resolución" que pueda interferir con la oficialización de las alianzas. La Justicia, a su criterio, cuenta con todos los elementos necesarios para resolver la cuestión de forma expedita, incluyendo la presentación de la oposición y la respuesta de la Fiscalía, manteniendo la plena vigencia del Decreto 1260. El funcionario concluyó que la medida cautelar solicitada por la oposición, que busca evitar los efectos del Decreto, carece de "verosimilitud del derecho" y "peligro en la demora".